Diario Critica -Sociedad - Lunes 2 de febrero de 2009La comunidad de refugiados senegaleses denuncia acoso policial y judicial
Los negros venden oro y cobran bollos
Venden bijouterie y ganan 1.000 pesos al mes. Dicen que tienen miedo de trabajar porque son golpeados. Ya presentaron un hábeas corpus que no fue atendido. El 98,5% de los procedimientos policiales no llegan a juicio porque son desestimados.
Los negros venden oro y cobran bollos
Venden bijouterie y ganan 1.000 pesos al mes. Dicen que tienen miedo de trabajar porque son golpeados. Ya presentaron un hábeas corpus que no fue atendido. El 98,5% de los procedimientos policiales no llegan a juicio porque son desestimados.
S.quien por seguridad no puede decir su nombre, es refugiado senegalés y para subsistir vende bijouterie. O intenta venderla: en el último tiempo, el acoso policial se endureció al punto de no sólo impedirle la venta, sino de detenerlo y secuestrarle la mercadería. Junto con otros compañeros, acaba de presentar un hábeas corpus en el que denunció que en la última ocasión, la policía, en vez de pedirle uno o dos relojes como suele hacer, lo quiso echar con un “acá no recibimos nada de los negros”. S. se resistió porque sabía que lo que estaba haciendo no era delito y la consecuencia fue inevitable: lo detuvieron, le secuestraron la mercadería y hasta le hicieron “desaparecer” el pasaporte.
Lo de S. es sólo un ejemplo de lo que regularmente padecen los aproximadamente 300 refugiados senegaleses que sobreviven en la ciudad de Buenos Aires y que no ganan más de $1.000 pesos al mes. Sin embargo, la justicia contravencional porteña desestimó el hábeas corpus e hizo una mínima referencia a la discriminación racial, algo que la Cámara, que también rechazó el recurso, ni siquiera tuvo en cuenta. “La discriminación está en toda la estructura judicial y administrativa porteña –señala Luciana Sánchez, presidenta del Colectivo para la Diversidad (Copadi), asociación civil que acompañó la presentación judicial–. La policía es la que ejerce la violencia, pero es el último eslabón en esta política de ‘blanqueamiento’ del Gobierno de la Ciudad.”
Según explica Sánchez, la policía invoca el artículo 83 del Código Contravencional para accionar contra los vendedores ambulantes, especialmente inmigrantes. Este artículo establece que están sancionadas las actividades lucrativas no autorizadas en el espacio público. Pero también aclara que “no constituye contravención la venta ambulatoria en la vía pública o en transportes públicos de baratijas o artículos similares, artesanías y, en general, la venta de mera subsistencia”.
Cuando la policía ve a una persona infringiendo este artículo, primero debe dar aviso al fiscal para que éste autorice el procedimiento. “Y ahí empieza el problema: cuando el policía le dice que va a ‘proceder’ con un migrante con documento precario (‘la precaria’ es el documento provisorio de los refugiados) que está vendiendo en la vía pública, a pesar de que es obvio que vende para su subsistencia, el fiscal dice ‘proceda’ y ahí empieza el calvario para estas personas, que en la mayoría de los casos no saben español, que pierden la mercadería que necesitan para comer y que entran en un laberinto judicial. Por eso los fiscales son los que tienen el poder de frenar esta persecución racial y hoy están haciendo todo lo contrario”, dice Sánchez.
El poder fiscal. Germán Garavano es el actual fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires. Crítica de la Argentina intentó comunicarse con él pero estaba de licencia. Sin embargo, antes de asumir en su cargo, el CELS le presentó un pliego de preguntas y una de ellas inquiría: “¿Cuál es la política que va a seguir la Fiscalía General respecto de la venta ambulante? ¿Con qué criterio se va a distinguir la venta prohibida de aquella de mera subsistencia, no penada?”. “Ninguna, porque la venta ambulante es una actividad lícita dentro del marco regulatorio fijado por las normas de la ciudad”, fue la respuesta de Garavano.
Lamentablemente, las mismas estadísticas del Ministerio Público Fiscal contradicen sus palabras. “Son números que ponen en evidencia que la persecución de la venta ambulante es parte de una política de acoso racial”, denuncia Malena Derdoy, también miembro de Copadi. Del total de personas imputadas en la ciudad por contravención del artículo 83 durante 2007, el 40% son migrantes de América Latina y África (especialmente, de Senegal), contra un 37% de personas argentinas. Esto es: a una de cada 188 personas migrantes se le labró un acta contravencional, mientras que sólo a una de cada 1.670 personas nacidas en la Argentina le sucedió lo mismo.
Los números se vuelven más crudos cuando se descubre que sobre un total de 3.985 actas contravencionales labradas en 2007 por el artículo 83, sólo un 1,5% (60 casos, aproximadamente) llegaron a audiencia. Esto significa que el 98,5% de los procedimientos policiales autorizados por la fiscalía –con el trauma que eso conlleva para la persona acusada– son desestimados por la Justicia. “Es decir, nunca tendrían que haber existido”, refuerza Derdoy.
“A la persecución policial y fiscal y la discriminación social se les suma la indiferencia institucional, al punto que el órgano que debería asistir a estas personas, la Defensoría Contravencional, ni siquiera tiene un traductor. Imaginate que, además de ser refugiados, el 100% de los senegaleses es parado e interrogado por la policía. Si eso no es discriminación racial, ¿qué es?”, concluye Sánchez.
“Un negro no puede compartir oficina con un blanco”
Nengumbi Celestin Sukama vino en 1995 desde el Congo como refugiado político. Actualmente es ciudadano argentino pero nunca logró insertarse laboralmente. Es licenciado en administración de empresas, habla inglés, francés y español, hizo media docena de cursos de capacitación y está casado con una argentina. Pero Celestin, además, es negro. “La cultura que prevalece en la Argentina no permite que un negro comparta la oficina con un blanco y nacional. Por algo existe el dicho ‘el negro rinde mejor usando las manos y no la cabeza’”, dice Celestin, coordinador del Instituto Argentino para la Igualdad, Diversidad e Integración (Iarpidi) y miembro del foro afro del INADI.
“El refugiado llega traumatizado a un país extraño y se da cuenta de que a todo lo que vivió se le suman otras problemáticas: discriminación por parte de las autoridades, por parte de las mismas organizaciones que deberían asistirlo, como el ACNUR, y por parte de la sociedad en general. ¿Cómo puede ser que el ACNUR hasta ahora no haya podido ofrecerle un trabajo intelectual ni a un solo refugiado o exiliado político?”. Además de la segregación laboral (“primero te piden DNI, cuando tenés DNI te piden experiencia en el país”), Celestin enumera otros obstáculos: la Argentina no cuenta con una política de asistencia socioeconómica a los refugiados y en el campo de la educación carecen de valor sus títulos universitarios porque para revalidarlos les exigen recursar materias del secundario. “Y por sobre todo, el refugiado genera desconfianza y desde que llega recibe insultos de todo tipo: negro de mierda, negro trolo, negro puto, agresiones verbales y físicas. Nosotros no podemos hacer nada porque es algo ya muy arraigado en la cultura. Sólo una acción política de alto nivel podría cambiar esta situación”.
Agradezco a NFB
