Una nota del periodista Federico Trofelli en el diario Tiempo Argentino de hoy recuerda el asesinato de José Delfín Acosta Martínez a manos de policías racistas en 1996.
La CIDH intimó al Estado argentino por un crimen en una comisaría
por Federico Trofelli
José Delfín Acosta Martínez tenía 32 años y era uruguayo.
Según la justicia, se autolesionó y murió de sobredosis. La querella denunció
irregularidades y, tras agotar las instancias legales, apeló a la Comisión
Interamericana.
La Argentina deberá someterse nuevamente a los
designios del Derecho Internacional por un crimen impune. Se trata del caso de
José Delfín Acosta Martínez, un afroamericano de nacionalidad uruguaya de 32
años que el 5 de abril de 1996 fue levantado en la calle por policías de la
Federal y una hora y media después una ambulancia lo sacó de una comisaría
desnudo y agonizando con varios huesos rotos. Su deceso ocurrió de camino al
hospital. Luego de una pésima investigación y agotar todas las instancias
locales, la familia de la víctima logró que la Comisión Internacional por los
Derechos Humanos (CIDH) escuchara el reclamo y ahora, el Estado argentino está
obligado a llegar a un acuerdo. Los tiempos están vencidos, la espera continúa.
A mediados de la década del '90, la Policía Federal tenía
prácticas autoritarias amparadas en la ley ya que hasta 1998 estuvieron
vigentes los viejos edictos policiales por los cuáles cualquier ciudadano podía
ser detenido por el mero hecho de estar sospechados de alterar el orden. Esa
madrugada, Delfín fue víctima de ese vestigio dictatorial: la razzia.
Según se detalla en la demanda realizada por la abogada
Miriam Carsen ante la CIDH, la detención se produjo mientras el muchacho
desayunaba en una confitería porteña junto a dos hermanos de nacionalidad
brasileña y también afrodescendientes. En ese momento, tres patrulleros
llegaron sigilosamente y cercaron la calle Sarmiento, entre Callao y Rodríguez
Peña. Uno de los agentes sacó su arma reglamentaria y se la apoyó en la cabeza
a Wagner Goncalvez Da Luz, quien fue obligado a subirse a uno de los móviles
policiales. Su hermano se quejó y automáticamente fue a parar al asiento de al
lado.
Delfín tampoco se quedó callado: "Los están
arrestando sólo por ser negros", gritó. Uno de los policías lo identificó
y arrojó su DNI al suelo, provocando una fuerte discusión. De manera violenta,
a las 7:30, lo metieron en el móvil 305.
Delfín fue alojado en la Comisaría 5ª en un lugar
diferente al de sus amigos. A las 9, salió en camilla murió en una ambulancia
del SAME camino al Hospital Ramos Mejía.
Como en otros casos, la explicación oficial fue que
Delfín estaba muy drogado y se autolesionó tirándose de cabeza al suelo, llegando
a fracturarse algunos huesos.
Para justificar que el procedimiento era prolijo, los
agentes cuestionados supuestamente salieron de la comisaría y demoraron al
taxista Oscar Almada para que oficiara de testigo. Este hombre le aseguró al
juez Raúl Irigoyen que el uruguayo comenzó a rasgarse sus ropas hasta quedar
desnudo y que luego maltrató su propio cuerpo.
"El entonces cuestionado cuerpo médico forense
convalidó que Acosta haya muerto de una especie de accidente cerebro vascular
producto del abuso de bebidas alcohólicas y de cocaína. Para nosotros, eso
nunca se comprobó. Además, denunciamos que incluso antes de que estuvieran los
resultados, el comisario Luís Fernández dijo a la prensa que murió de
sobredosis", explicó el abogado Martín Scotto, quien se hizo cargo de la
querella a pedido de la familia de José, actualmente fuera del país.
Sobre la actuación del fiscal Juan Sansone, Scotto dijo
que "tuvo una participación meramente formal y no impulsó el proceso. No
apeló ninguna medida".
El 25 de abril, 20 días después, la causa fue archivada.
La familia de Delfín se topó con un muro de hormigón
armado que le plantó la justicia y la policía local. La casa de la víctima fue
registrada por desconocidos que se llevaron documentación médica, entre otros
elementos. Los hermanos brasileños y otros posibles testigos fueron amenazados,
otros directamente fueron desestimados por el juez, desalentando cualquier
avance.
La causa fue archivada y desarchivada varias veces.
También se abrió otro expediente en un juzgado de Uruguay en el que, entre
otras conclusiones, se determinó que según la autopsia original Delfín debería
haber consumido unos 30 gramos de cocaína esa noche, algo imposible de soportar
para cualquier cuerpo humano. La investigación oriental también quedó en la
nada.
El derrotero de la causa argentina fue convalidado por la
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, el Tribunal de
Casación, la Cámara Nacional de Casación Penal y, finalmente, la Corte Suprema
de Justicia.
El 11 de julio del año pasado, la CIDH admitió estudiar
el caso por presuntas violaciones al derecho a la vida, a la integridad y la
libertad personal, a las garantías judiciales, a la igualdad ante la ley y a la
protección judicial. Carsen propuso entonces una solución amistosa que fue
aceptada por la Comisión.
El gobierno argentino fue notificado a través de la
Cancillería el 14 de enero y en un plazo de cuatro meses debía dar una
respuesta. "Los tiempos están cumplidos, pero esto suele pasar. Esperemos
que lo haga pronto. Ya van a cumplirse 20 años de lo que consideramos un
crimen, aún impune", concluyó la abogada. «
Un reclamo justo y varias propuestas
Luego de admitir el estudio del caso, la CIDH aceptó la
propuesta de la querella de llegar a una solución amistosa con el Estado
argentino. De concretarse las sugerencias de la familia de José Delfín Acosta
Martínez, se cambiarían para siempre las reglas de juego en la policía y la
justicia. Entre otras medidas, proponen que se coloquen cámaras en todos los
lugares donde una persona puede ser alojada en una comisaría, cuyas imágenes
serían controladas por un organismo ajeno a la fuerza.
Además de una compensación económica, se solicitó la
apertura de una Comisión de la Verdad para que se investigue el caso y se
condene a todos los policías implicados; la querella también pretende que se
analicen las actuaciones de los funcionarios judiciales y peritos que tuvieron
en sus manos el expediente. Otro de los reclamos es que todos los sumarios
internos de la fuerza, de aquí en adelante, sean públicos; y que las comunicaciones
de radio entre los agentes sean grabadas. La abogada Miriam Carsen reconoció
que la negociación con el Estado "será dura pero vale la pena pelear por
algo que consideramos totalmente justo".
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