Por Movimiento Afrocultural
“Bueno, no voy a decir que me abanique un negro porque quedaría mal”,fue la frase con la que el Ministro de Cultura de la CABA, Hernán Lombardi, despidió al Movimiento Afrocultural, luego de prometernosque el siguiente lunes -4 de mayo- nos mudaríamos o bien al edificio de Puente Alsina o al Centro Cultural Defensa, en Defensa 535.
El Movimiento Afrocultural es un quilombo urbano. Una comunidad interracial inclusivamente conformada por personas afrodescendientes y de pueblos originarios y blancas y mestizas, cuyos denominadores comunes son lazos familiares y culturales. Pero la mezcla racial,cultural y familiar cuesta cara en Argentina, en Buenos Aires.
A José Delfín lo asesinó la policía en 1996. A Ñamandú y a Irú,sobrino y tío, alumno y maestro en la luthería de instrumentos afro-originarios, la policía los para por la calle, cotidianamente,aún a metros de su propia casa, en el quilombo de Herrera 313. A Fer, profesor de capoeira angola y coordinador del área de legales, lo detuvieron varias veces en la calle, la última en Córdoba, cuando participaba de una Feria de los Pueblos; ningún integrante del pueblo alemán fue detenido o tuvo incidentes con la policía en esa misma feria. A Julia, feminista militante de La Boca, hija de religión Umbanda, que hace frente al paco, los incendios, la violencia femicida, solidariamente con sus compañeras que son todas, la procesaron por “extorsión” debido a una queja de su ex empleadora; estuvo un día detenida, dos meses procesada, en la misma comisaría hacia la que convocó a marchar frente a la impunidad por la muerte de seis niños en el incendio del ex Banco Italia, en Enero pasado. Y así se podría seguir con cada una de las familias que conforman la comunidad más estrecha que sostiene al Movimiento Afrocultural.
20 de esas familias viven en el quilombo de Herrera. Este quilombo o conventillo, y todas las familias afro-originarias y el MovimientoAfrocultural, hace más de cuatro años ya que vienen resistiendo ser desalojadas, viniendo de otro desalojo, y éste de un desalojo anterior. Como confirma el Plan Nacional Contra la Discriminación junto con los Tratados Internacionales de Derechos Humanos en que se funda, la conquista de América consistió en el despojo, explotación y genocidio de los pueblos afro-originarios, práctica que se sostiene hasta hoy –entre otras- a través de la sistemática denegación del derecho a la propiedad a la que el estado y las elites someten a nuestros pueblos y cada una/o de sus miembros, generación tras generación.
Sucede que ahora el Galpón de Herrera, abandonado allá por los noventa, queda frente al coqueto Emprendimiento MOCA, de las empresas Copelle y Caputo, S.A., que tiene su propio “centro cultural” –cuya programación está a cargo de dos simpáticas recepcionistas a falta de alguna persona con conocimientos de arte o cultura- y en la misma franja de los Hospitales Borda, Moyano y Argerich, que el GCBA planea devastar para dar lugar al proyecto de traslado de la sede del GCBA y de segregación urbana en favor de un negocio inmobiliario al estilo de Puerto Madero. Y las comunidades afro-originarias no somos parte de este negocio, no somos negocio. A los ojos de los partidos políticos, 20 familias afro no hacen número suficiente como para despertar más interés que el policial. Si bien la Legislatura Porteña por unanimidad declaró en marzo de 2008 al Movimiento Afrocultural de Interés Social y Cultural de la Ciudad, y si bien el bloque opositor apoyó un proyecto de Diana Maffía y Facundo Di Filippo para expropiar el inmueble de Herrera 313 en favor del Movimiento Afrocultural y las familias, el Pro no lo apoyó. Tampoco prosperaron las gestiones ante la ONABE, el Ministerio de Cultura de la Nación, o el INADI, que ni siquiera respondió el pedido de apoyo legal que el Movimiento solicitó para repeler el juicio de desalojo, ahora perdido en manos de Solsi, S.A., una empresa de la que nadie sabe demasiado ni da demasiada información.
Y ahora tampoco responde Lombardi, dedicado los últimos meses a aparecer con el Jefe de Gobierno en la campaña electoral y actualmente a suspender espectáculos por televisión. El ex ministro de De La Rúa, que lo acompañó en los peores momentos, como se refiere él mismo a su papel el 19 y 20 de diciembre de 2001, no cumple las órdenes del Juez que en abril le ordenó y a su colega el Ingeniero Ibañez, “asegurar un espacio para que el Movimiento Afrocultural pueda continuar desarrollando sus actividades con normalidad”. Se esconden tras las chicanas de la Procuración General de la Ciudad. No atienden el teléfono. No responden los pedidos de información que ordenó el Juez. Nos dejan esperando en la puerta, no nos reciben.
“El otro día lo esperamos en su oficina y nos pasó por adelante y se fue, como si no existiéramos”, cuenta Mónica –integrante del movimiento afrocultrual-. “Primero el ministro en persona nos ofreció mudarnos a Puente Alsina, luego al Centro Cultural Defensa, luego que firmemos un convenio sólo para el Movimiento y que trabajemos gratis para el Gobierno, bajo la dirección de Baltasar Jaramillo, su hijastro funcionario del Ministerio. Como estamos casi en la calle, igual aceptamos. Ahora nos dicen que Lombardi no tiene competencia para concretar lo que prometió”. Y Diego Bonga agrega: “Ibañez, que maneja todos los inmuebles de la Ciudad, nos recibió después de la denuncia que hicimos en contra del estado. Cuando entramos al edificio, su secretaria se asustó tanto de vernos que llamó a seguridad. En la reunión Ibañez comparó nuestra situación con la de una persona que le gusta la casa de Susana Giménez en Punta del Este y pretende ocuparla y adueñarse. Y luego la remató diciendo que él entendía, porque una vez tuvo una novia brasilera que hacía capoeira”. Esa fue la ultima vez que lo vimos, ya que incluso nunca volvió a presentarse a las audiencias judiciales a las que fue citado.
La Procuración ahora ofrece un subsidio de 20.000 pesos para el Movimiento y las 20 familias, el cual no alcanza ni para alquilar. En el colmo del absurdo, la Procuración descarga su responsabilidad diciendo que el Movimiento ya cobró el subsidio, y que si no lo cobró es porque no tiene cuit, culpa de ellxs. Culpa nuestra, que en la AFIP no nos dan el cuit porque no tenemos domicilio, justamente, de la asociación civil. Igual, culpa nuestra también que para alquilar necesitamos pagar el total del alquiler por tres años, para lo que se requieren mucho más de 20.000 pesos, porque tampoco tenemos las dos garantías en capital y recibos de sueldo que piden los propietarios, cosa que Lombardi sabe porque parte de sus ingresos provienen del alquiler de una propiedad a la Coalición Cívica. Cosa que Ibáñez sabe porque, como nos dijo, él “tampoco es propietario”, aunque “le gustaría”. Culpa nuestra, que sólo nos juntamos entre pobres, que somos pobres, que somos excluidxs. Mientras tanto, el Movimiento Afrocultural tiene suspendidas casi todas sus actividades comunitarias, dejando sin escuela cultural a 50 niñxs y jóvenes, quedando en peligro la reproducción cultural y el patrimonio social y cultural de nuestra comunidad, de interés de la Ciudad.
A las familias afro les va aún peor. En su mayoría mujeres solas con niñxs pequeñxs a su cargo, pobres y sin previsión social, quedarán en la calle frente a la total inacción estatal, a pesar de haber denunciado su situación en el INADI, el Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad, la Asesoría Tutelar, la Administración General de Bienes, y las Defensorías del Pueblo de Nación y de Ciudad. Frente a la trata, el abuso sexual infantil, la gripe porcina, la violencia policial, por lo menos 40 niñas, niños y jóvenes afrodescendientes quedarán en la calle, sin hogar, sin los vínculos comunitarios que lesayudan a crecer fuertes para sobrevivir a tanta, tanta violencia racista.
Frente a ellas, la excusa estatal es que existen subsidios de emergencia habitacional. Estos subsidios consisten en 700 pesos por 6 meses, extensibles cada seis meses mediante una acción judicial de amparo que hay que ganar, para lo cual hay que tener eterna representación legal que no brinda el estado a estas familias. Los subsidios suelen ser además arbitrariamente suspendidos, y para reactivarlos hay que hacer una serie de interminables trámites o iniciar nuevamente acciones judiciales. En ningún caso son retroactivos. Exigen además que las personas sigan viviendo en capital. Con 700 pesos por mes en la CABA no puede actualmente ni alquilarse un cuarto de hotel familiar, aún en la zona sur de la ciudad.
En más o menos un mes y medio, el desalojo se concreta. También se decide el caso que el Movimiento inició en contra del GCBA. Aún si ganamos, sabemos que el Gobierno cuestionará la decisión y no la cumplirá, como no ha cumplido la medida cautelar. Aún si ganamos, nuestrxs niñxs quedarán en la calle y no podrán continuar yendo a laescuela, nuestras madres y padres no podrán ir a trabajar, nuestrxs ancianxs morirán como indigentes, perderemos lo poco que tenemos. ¿Qué nombre le pondrá la sociedad a este nuevo genocidio? ¿Inacción estatal? ¿Mala suerte? ¿Falla de las políticas públicas? Nuestros asesinos tienen rostro. Tienen nombre, tienen apellido, tienen poder,tienen todo lo que a nosotrxs se nos quita y se nos niega. No hay para nosotrxs recursos aún habiendo recursos. No hay justicia aún ganando. No hay derechos humanos. Somos invisibles, eternxs desaparecidxs.
Señor Ibáñez, usted pretende banalizar su actuar genocida por el que ya ha sido denunciado públicamente. Señor Lombardi, nuestra comunidad vive en San Telmo, La Boca, Constitución, Barracas y Montserrat desde antes que sus abuelos italianos pisaran estos barrios invitados por Alberdi. A nosotrxs no nos invitaron. Ya estábamos aquí o nos trajeron secuestrados. La cultura quilombola es vivir en libertad y luchar por territorio, por el hogar, por los vínculos sociales y culturales afrooriginarios. Compartir resistiendo la opresión, traspasando nuestro conocimiento y nuestra cultura contra la esclavitud, la explotación y el asesinato, a las personas que se quieran sumar. Esta cultura nos trajo hoy hasta aquí. Nos avisó de gente como ustedes. Tiene valor,por eso la reivindicamos, por eso la reconocen expresamente lxs vecinxs Brasil, Ecuador, Bolivia, Perú, Colombia, Venezuela, Honduras,Guatemala, El Salvador, Panamá, México y Uruguay, las Naciones Unidas, la UNESCO, la OIT. Por eso el Congreso Nacional y la Constitución de la Ciudad garantizan la democracia cultural. Por eso, señor Procurador, nos resistimos al soborno que pretende imponernos aprovechando nuestra situación desesperada. Ya les conocemos. No se olvide, gracias a ustedes, nosotros convivimos con la desesperación.
El Movimiento Afrocultural es un quilombo urbano. Una comunidad interracial inclusivamente conformada por personas afrodescendientes y de pueblos originarios y blancas y mestizas, cuyos denominadores comunes son lazos familiares y culturales. Pero la mezcla racial,cultural y familiar cuesta cara en Argentina, en Buenos Aires.
A José Delfín lo asesinó la policía en 1996. A Ñamandú y a Irú,sobrino y tío, alumno y maestro en la luthería de instrumentos afro-originarios, la policía los para por la calle, cotidianamente,aún a metros de su propia casa, en el quilombo de Herrera 313. A Fer, profesor de capoeira angola y coordinador del área de legales, lo detuvieron varias veces en la calle, la última en Córdoba, cuando participaba de una Feria de los Pueblos; ningún integrante del pueblo alemán fue detenido o tuvo incidentes con la policía en esa misma feria. A Julia, feminista militante de La Boca, hija de religión Umbanda, que hace frente al paco, los incendios, la violencia femicida, solidariamente con sus compañeras que son todas, la procesaron por “extorsión” debido a una queja de su ex empleadora; estuvo un día detenida, dos meses procesada, en la misma comisaría hacia la que convocó a marchar frente a la impunidad por la muerte de seis niños en el incendio del ex Banco Italia, en Enero pasado. Y así se podría seguir con cada una de las familias que conforman la comunidad más estrecha que sostiene al Movimiento Afrocultural.
20 de esas familias viven en el quilombo de Herrera. Este quilombo o conventillo, y todas las familias afro-originarias y el MovimientoAfrocultural, hace más de cuatro años ya que vienen resistiendo ser desalojadas, viniendo de otro desalojo, y éste de un desalojo anterior. Como confirma el Plan Nacional Contra la Discriminación junto con los Tratados Internacionales de Derechos Humanos en que se funda, la conquista de América consistió en el despojo, explotación y genocidio de los pueblos afro-originarios, práctica que se sostiene hasta hoy –entre otras- a través de la sistemática denegación del derecho a la propiedad a la que el estado y las elites someten a nuestros pueblos y cada una/o de sus miembros, generación tras generación.
Sucede que ahora el Galpón de Herrera, abandonado allá por los noventa, queda frente al coqueto Emprendimiento MOCA, de las empresas Copelle y Caputo, S.A., que tiene su propio “centro cultural” –cuya programación está a cargo de dos simpáticas recepcionistas a falta de alguna persona con conocimientos de arte o cultura- y en la misma franja de los Hospitales Borda, Moyano y Argerich, que el GCBA planea devastar para dar lugar al proyecto de traslado de la sede del GCBA y de segregación urbana en favor de un negocio inmobiliario al estilo de Puerto Madero. Y las comunidades afro-originarias no somos parte de este negocio, no somos negocio. A los ojos de los partidos políticos, 20 familias afro no hacen número suficiente como para despertar más interés que el policial. Si bien la Legislatura Porteña por unanimidad declaró en marzo de 2008 al Movimiento Afrocultural de Interés Social y Cultural de la Ciudad, y si bien el bloque opositor apoyó un proyecto de Diana Maffía y Facundo Di Filippo para expropiar el inmueble de Herrera 313 en favor del Movimiento Afrocultural y las familias, el Pro no lo apoyó. Tampoco prosperaron las gestiones ante la ONABE, el Ministerio de Cultura de la Nación, o el INADI, que ni siquiera respondió el pedido de apoyo legal que el Movimiento solicitó para repeler el juicio de desalojo, ahora perdido en manos de Solsi, S.A., una empresa de la que nadie sabe demasiado ni da demasiada información.
Y ahora tampoco responde Lombardi, dedicado los últimos meses a aparecer con el Jefe de Gobierno en la campaña electoral y actualmente a suspender espectáculos por televisión. El ex ministro de De La Rúa, que lo acompañó en los peores momentos, como se refiere él mismo a su papel el 19 y 20 de diciembre de 2001, no cumple las órdenes del Juez que en abril le ordenó y a su colega el Ingeniero Ibañez, “asegurar un espacio para que el Movimiento Afrocultural pueda continuar desarrollando sus actividades con normalidad”. Se esconden tras las chicanas de la Procuración General de la Ciudad. No atienden el teléfono. No responden los pedidos de información que ordenó el Juez. Nos dejan esperando en la puerta, no nos reciben.
“El otro día lo esperamos en su oficina y nos pasó por adelante y se fue, como si no existiéramos”, cuenta Mónica –integrante del movimiento afrocultrual-. “Primero el ministro en persona nos ofreció mudarnos a Puente Alsina, luego al Centro Cultural Defensa, luego que firmemos un convenio sólo para el Movimiento y que trabajemos gratis para el Gobierno, bajo la dirección de Baltasar Jaramillo, su hijastro funcionario del Ministerio. Como estamos casi en la calle, igual aceptamos. Ahora nos dicen que Lombardi no tiene competencia para concretar lo que prometió”. Y Diego Bonga agrega: “Ibañez, que maneja todos los inmuebles de la Ciudad, nos recibió después de la denuncia que hicimos en contra del estado. Cuando entramos al edificio, su secretaria se asustó tanto de vernos que llamó a seguridad. En la reunión Ibañez comparó nuestra situación con la de una persona que le gusta la casa de Susana Giménez en Punta del Este y pretende ocuparla y adueñarse. Y luego la remató diciendo que él entendía, porque una vez tuvo una novia brasilera que hacía capoeira”. Esa fue la ultima vez que lo vimos, ya que incluso nunca volvió a presentarse a las audiencias judiciales a las que fue citado.
La Procuración ahora ofrece un subsidio de 20.000 pesos para el Movimiento y las 20 familias, el cual no alcanza ni para alquilar. En el colmo del absurdo, la Procuración descarga su responsabilidad diciendo que el Movimiento ya cobró el subsidio, y que si no lo cobró es porque no tiene cuit, culpa de ellxs. Culpa nuestra, que en la AFIP no nos dan el cuit porque no tenemos domicilio, justamente, de la asociación civil. Igual, culpa nuestra también que para alquilar necesitamos pagar el total del alquiler por tres años, para lo que se requieren mucho más de 20.000 pesos, porque tampoco tenemos las dos garantías en capital y recibos de sueldo que piden los propietarios, cosa que Lombardi sabe porque parte de sus ingresos provienen del alquiler de una propiedad a la Coalición Cívica. Cosa que Ibáñez sabe porque, como nos dijo, él “tampoco es propietario”, aunque “le gustaría”. Culpa nuestra, que sólo nos juntamos entre pobres, que somos pobres, que somos excluidxs. Mientras tanto, el Movimiento Afrocultural tiene suspendidas casi todas sus actividades comunitarias, dejando sin escuela cultural a 50 niñxs y jóvenes, quedando en peligro la reproducción cultural y el patrimonio social y cultural de nuestra comunidad, de interés de la Ciudad.
A las familias afro les va aún peor. En su mayoría mujeres solas con niñxs pequeñxs a su cargo, pobres y sin previsión social, quedarán en la calle frente a la total inacción estatal, a pesar de haber denunciado su situación en el INADI, el Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad, la Asesoría Tutelar, la Administración General de Bienes, y las Defensorías del Pueblo de Nación y de Ciudad. Frente a la trata, el abuso sexual infantil, la gripe porcina, la violencia policial, por lo menos 40 niñas, niños y jóvenes afrodescendientes quedarán en la calle, sin hogar, sin los vínculos comunitarios que lesayudan a crecer fuertes para sobrevivir a tanta, tanta violencia racista.
Frente a ellas, la excusa estatal es que existen subsidios de emergencia habitacional. Estos subsidios consisten en 700 pesos por 6 meses, extensibles cada seis meses mediante una acción judicial de amparo que hay que ganar, para lo cual hay que tener eterna representación legal que no brinda el estado a estas familias. Los subsidios suelen ser además arbitrariamente suspendidos, y para reactivarlos hay que hacer una serie de interminables trámites o iniciar nuevamente acciones judiciales. En ningún caso son retroactivos. Exigen además que las personas sigan viviendo en capital. Con 700 pesos por mes en la CABA no puede actualmente ni alquilarse un cuarto de hotel familiar, aún en la zona sur de la ciudad.
En más o menos un mes y medio, el desalojo se concreta. También se decide el caso que el Movimiento inició en contra del GCBA. Aún si ganamos, sabemos que el Gobierno cuestionará la decisión y no la cumplirá, como no ha cumplido la medida cautelar. Aún si ganamos, nuestrxs niñxs quedarán en la calle y no podrán continuar yendo a laescuela, nuestras madres y padres no podrán ir a trabajar, nuestrxs ancianxs morirán como indigentes, perderemos lo poco que tenemos. ¿Qué nombre le pondrá la sociedad a este nuevo genocidio? ¿Inacción estatal? ¿Mala suerte? ¿Falla de las políticas públicas? Nuestros asesinos tienen rostro. Tienen nombre, tienen apellido, tienen poder,tienen todo lo que a nosotrxs se nos quita y se nos niega. No hay para nosotrxs recursos aún habiendo recursos. No hay justicia aún ganando. No hay derechos humanos. Somos invisibles, eternxs desaparecidxs.
Señor Ibáñez, usted pretende banalizar su actuar genocida por el que ya ha sido denunciado públicamente. Señor Lombardi, nuestra comunidad vive en San Telmo, La Boca, Constitución, Barracas y Montserrat desde antes que sus abuelos italianos pisaran estos barrios invitados por Alberdi. A nosotrxs no nos invitaron. Ya estábamos aquí o nos trajeron secuestrados. La cultura quilombola es vivir en libertad y luchar por territorio, por el hogar, por los vínculos sociales y culturales afrooriginarios. Compartir resistiendo la opresión, traspasando nuestro conocimiento y nuestra cultura contra la esclavitud, la explotación y el asesinato, a las personas que se quieran sumar. Esta cultura nos trajo hoy hasta aquí. Nos avisó de gente como ustedes. Tiene valor,por eso la reivindicamos, por eso la reconocen expresamente lxs vecinxs Brasil, Ecuador, Bolivia, Perú, Colombia, Venezuela, Honduras,Guatemala, El Salvador, Panamá, México y Uruguay, las Naciones Unidas, la UNESCO, la OIT. Por eso el Congreso Nacional y la Constitución de la Ciudad garantizan la democracia cultural. Por eso, señor Procurador, nos resistimos al soborno que pretende imponernos aprovechando nuestra situación desesperada. Ya les conocemos. No se olvide, gracias a ustedes, nosotros convivimos con la desesperación.
Para más información, 153 186 9031